CUANDO EL ELITISMO PRETENDE DECIDIR QUIÉN MERECE VOTAR

Fany Santiago | Analista

Cada cierto tiempo aparecen voces que, bajo el argumento de mejorar la democracia, terminan proponiendo exactamente lo contrario: restringir derechos. Las recientes declaraciones de Nat Torres, en las que planteó la posibilidad de condicionar el ejercicio del voto, abren un debate que merece analizarse desde el marco constitucional y democrático.

La democracia mexicana parte de un principio irrenunciable: todas las personas somos iguales ante la ley y cada ciudadano tiene el mismo valor al momento de emitir su voto. No importa el nivel académico, la condición económica, la profesión o el lugar de origen. El sufragio universal no distingue entre ciudadanos de primera y de segunda.

Por ello, plantear que el voto deba condicionarse no fortalece la democracia; la debilita. Es una propuesta que difícilmente encuentra sustento en los principios constitucionales que protegen el sufragio universal, libre, secreto y directo, y que además pasa por alto que nuestro sistema electoral ya contempla mecanismos permanentes para fortalecer la cultura cívica.

El Instituto Nacional Electoral tiene entre sus atribuciones promover la educación cívica, capacitar a la ciudadanía y fomentar la participación electoral. No sólo organiza elecciones; también desarrolla programas para que las y los mexicanos conozcan sus derechos, comprendan la importancia de su participación y ejerzan un voto cada vez más informado. La capacitación ciudadana ya existe y forma parte de las responsabilidades institucionales.

Por supuesto, México necesita una ciudadanía mejor informada. En ello difícilmente alguien podría estar en desacuerdo. Sin embargo, la respuesta nunca será restringir derechos fundamentales. La solución es fortalecer la educación, incentivar el pensamiento crítico, combatir la desinformación y generar mejores espacios para el debate público.

La democracia también exige responsabilidad individual. Informarse, contrastar fuentes, analizar propuestas y participar activamente en la vida pública es una tarea que corresponde a cada ciudadano. Los derechos no se condicionan; se ejercen con responsabilidad.

Resulta paradójico que, mientras se habla de inclusión y pluralidad, se impulse una narrativa que termina excluyendo a quienes piensan distinto o que considera que sólo algunos tienen la capacidad suficiente para decidir el rumbo del país. Esa lógica difícilmente fortalece una democracia plural, pues parte de una visión elitista que contradice el principio de igualdad sobre el que descansa nuestro sistema democrático.

Las instituciones pueden perfeccionarse, la cultura cívica puede fortalecerse y el debate público siempre puede elevar su nivel. Lo que no puede aceptarse es que, bajo el pretexto de mejorar la democracia, se planteen ideas que limiten un derecho conquistado por generaciones de mexicanas y mexicanos.

Una democracia fuerte no es la que limita derechos, sino la que forma ciudadanos, y en esa tarea todos debemos contribuir. Los medios de comunicación y las plataformas digitales deben servir para informar, generar reflexión y enriquecer el debate público, no para difundir propuestas que carecen de sustento jurídico e institucional.

Resulta llamativo que una influencer con una amplia audiencia en redes sociales plantee una propuesta de esta naturaleza. La influencia también implica una enorme responsabilidad, especialmente cuando se abordan temas relacionados con los derechos político-electorales de la ciudadanía. Más que promover restricciones al voto, valdría la pena recordar que el propio Instituto Nacional Electoral tiene entre sus atribuciones promover la educación cívica, fomentar la participación ciudadana y desarrollar programas de capacitación para la población. Si existen áreas de oportunidad, el camino debe ser exigir que esas responsabilidades se fortalezcan y se cumplan plenamente.

Del mismo modo, es indispensable reforzar desde la educación básica la formación cívica y ética para que niñas, niños y jóvenes desarrollen las herramientas necesarias para ejercer una participación ciudadana libre, informada y consciente.

La democracia no se perfecciona excluyendo ciudadanos; se perfecciona formando ciudadanos. El reto de México no es decidir quién merece votar, sino garantizar que todas y todos cuenten con las herramientas para hacerlo de manera libre, informada y consciente. Porque el derecho al voto no se acredita con un examen: se ejerce con libertad, igualdad y responsabilidad. Cuando alguien propone poner condiciones a ese derecho, deja de fortalecer la democracia y comienza, aunque quizá no sea su intención, a abrir la puerta al privilegio sobre la igualdad.