Gambito Social
El Quinto Informe de Gobierno presume una inversión histórica en infraestructura educativa superior a los mil veintiún millones de pesos ejercidos en trescientas tres obras durante el último periodo, además de seis mil millones de pesos acumulados desde el inicio de la administración y una bolsa adicional de cinco mil setecientos millones de pesos en becas. A esas cifras se suma el componente educativo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, financiado con una inversión federal superior a los cincuenta y siete mil millones de pesos y una aportación estatal de dos mil setecientos millones. Frente a montos de esa magnitud, la duda es si ese gasto se tradujo en escuelas dignas, en maestros frente a grupo y en aprendizajes medibles. La evidencia disponible, contrastada con el discurso oficial, obliga a responder que no en una proporción alarmante del sistema educativo michoacano.
El capítulo educativo del Informe detalla que en educación básica se ejecutaron 214 obras en 71 municipios con una inversión de 499 millones seiscientos mil pesos, que en educación superior se destinaron 462 millones doscientos mil pesos a 71 obras en 18 municipios y que el Plan Michoacán contempla, entre otras acciones, la construcción de dos nuevos bachilleratos tecnológicos en Morelia y Zacapu con una inversión de 199 millones seiscientos mil pesos. El documento añade que se distribuyeron más de seis millones de libros de texto gratuitos, que el programa Ver Bien para Aprender Mejor entregó miles de pares de lentes y que la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros publicó doce convocatorias para procesos de admisión y promoción docente. Es, en su conjunto, un catálogo de inversión presentado sin el contraste indispensable de cuánto costaba resolver el problema original y cuánta distancia queda todavía por recorrer.
Ese contraste, cuando se hace con datos públicos, resulta demoledor. Según información disponible del Sistema de Información y Gestión Educativa, al menos dos de cada tres escuelas de la entidad carecen de servicios básicos y conectividad completos. Miles de planteles operan todavía con techos que gotean, sanitarios que no funcionan, aulas sin ventilación adecuada y ausencia de materiales didácticos elementales. El propio gobierno estatal ha anunciado la realización de mil novecientas obras en instituciones educativas con una inversión de dos mil millones de pesos distribuida en cuatro años, lo que equivale a menos de cincuenta mil pesos por cada uno de los aproximadamente doce mil planteles escolares del estado. Ese monto resulta insuficiente para atender carencias estructurales acumuladas durante décadas y convierte el anuncio de inversión histórica en un ejercicio de comunicación más que en una solución proporcional al tamaño del problema.
La brecha digital confirma el mismo patrón. El programa de conectividad escolar ha beneficiado a poco menos de cuatro mil planteles de los más de doce mil existentes, y la entrega de equipos de cómputo a ciento cincuenta escuelas resulta insuficiente frente a una matrícula superior al millón doscientos mil estudiantes. El presupuesto destinado a la formación continua del magisterio equivale a 105 pesos anuales por docente, una cantidad que no alcanza siquiera para cubrir el traslado de un maestro rural de municipios serranos hacia Morelia para tomar un curso de actualización. Invertir en infraestructura y en nómina sin invertir de manera proporcional en la formación de quien está frente al grupo es, en los hechos, construir edificios para un modelo pedagógico que no se está fortaleciendo al mismo ritmo.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es presentado por el Gobierno de México como una estrategia integral que atiende simultáneamente educación, salud, vivienda e infraestructura, con 57 mil millones de pesos de origen federal. En materia de empleo, uno de sus doce ejes estratégicos, organizaciones periodísticas han documentado que apenas 927 vacantes fueron ocupadas de más de seis mil disponibles, una proporción de cumplimiento inferior al quince por ciento que anticipa el riesgo real de que el componente educativo del mismo plan corra una suerte similar, la de metas anunciadas con solemnidad y ejecutadas con lentitud. Si el eje económico de un plan de semejante envergadura presupuestal se queda tan corto frente a su propia meta, exigir una auditoría específica del eje educativo no es un acto de oposición gratuita, es una obligación elemental de vigilancia legislativa.
El componente más grave de esta desproporción es la ausencia de docentes frente a grupo, un problema que ningún monto de infraestructura resuelve por sí solo. Antes del cierre del ciclo anterior se habían presentado mil setecientas solicitudes de jubilación, mientras las escuelas normales del estado egresan, en el mejor de los años, apenas mil ochenta nuevos docentes. El déficit estructural para el arranque más reciente rondó las seiscientas veinte plazas, y la respuesta oficial, una entrega parcial de 555 posiciones de primaria en poco más de setenta municipios, apenas una semana antes del inicio de clases, no cerró esa brecha. El proceso de asignación, gestionado por la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, mantiene bajo reserva el listado nominal completo con los puntajes de cada aspirante y los criterios que decidieron quién obtuvo una plaza y quién quedó fuera, opacidad que motivó el cierre de las instalaciones de la Secretaría de Educación por parte de egresados normalistas de Tiripetío, Arteaga y la Urbana Jesús Romero Flores.
El Congreso del Estado, a través de sus comisiones de Educación y de Hacienda, tiene la atribución de solicitar el desglose obra por obra y municipio por municipio de cada peso ejercido en infraestructura educativa, así como la correlación entre ese gasto y los indicadores de servicios básicos escolares. La Auditoría Superior de Michoacán puede y debe fiscalizar si los mil veintiún millones de pesos declarados en obra educativa corresponden a intervenciones concluidas y funcionales o a proyectos parcialmente ejecutados que se contabilizan como terminados. Las escuelas normales, los colegios de profesionales de la educación y las organizaciones de la sociedad civil que documentan la infraestructura escolar con datos oficiales constituyen ya una base técnica que el Poder Legislativo debe convocar de manera formal a comparecencias públicas, en lugar de limitarse a recibir el Informe sin contraste.
Cuando la inversión se anuncia en cifras agregadas sin desglose verificable, el riesgo de corrupción y desvío deja de ser una hipótesis y se convierte en una probabilidad estructural. Una obra contabilizada como concluida sin evidencia pública de su entrega, un presupuesto de infraestructura que representa menos de cincuenta mil pesos por escuela mientras se anuncia como histórico y un proceso de asignación docente que oculta listados y puntajes comparten un mismo patrón, el de la opacidad como método de gobierno. Esa opacidad tiene consecuencias directas sobre la vida escolar. Una niña que estudia bajo un techo que gotea, un maestro rural sin recursos para actualizarse y una escuela normal que debe bloquear una avenida para exigir sanitarios funcionales no son anécdotas aisladas, son el resultado previsible de una política de inversión que privilegia el anuncio sobre la ejecución verificada. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado como respuesta estructural a la violencia tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ha sido señalado incluso por organizaciones empresariales y por consejos indígenas por la falta de protocolos claros de protección a la comunidad educativa y por avances que se reportan sin auditoría independiente. Cuando la inversión pública se administra sin transparencia, el costo no lo paga el funcionario que la anunció, lo paga la niña o el niño que sigue sin maestro y la familia que confió en una promesa de infraestructura que nunca llegó a su comunidad. La simulación presupuestal, cuando se sostiene ciclo tras ciclo sin consecuencia política alguna, deja de ser un incidente aislado y se convierte en un método de gobierno que normaliza la opacidad como forma habitual de administrar el dinero público, y esa normalización es, en sí misma, la puerta de entrada más eficaz para la corrupción.
Michoacán necesita un padrón público y georreferenciado de cada obra educativa financiada con recursos estatales y federales, con fecha de inicio, fecha de conclusión verificada y evidencia fotográfica y documental accesible a cualquier ciudadano. Necesita que la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado auditen de manera específica la ejecución del componente educativo del Plan Michoacán, obra por obra y que el Congreso reciba un informe trimestral desglosado por municipio. Necesita, además, que la asignación de plazas docentes incluya listas de prelación públicas desde el primer momento del proceso, y un plan multianual, aprobado por el Congreso y no solo anunciado por el Ejecutivo, que iguale el ritmo de egreso de las escuelas normales con el ritmo real de jubilaciones del magisterio michoacano.
Es inaplazable que haya rendición de cuentas obra por obra del presupuesto educativo ejercido, sin agregados que oculten el detalle municipal, así como auditorías antes de que se disuelva en la opacidad de otros programas anteriores, que las autoridades educativas y financieras expliquen juntos por qué miles de millones de pesos invertidos todavía no se traducen en un maestro frente a cada grupo ni en una escuela con techo firme. Más aún: toda la erogación presupuestal y lo informado debe de reflejarse en la vivencia plena de los derechos educativos a estar, a aprender y a participar en las escuelas, para todas las niñas, niños y jóvenes en Michoacán.
