Un video muestra la presunta tortura en Palacio de Gobierno por parte de un escolta de la SSP Michoacán durante una protesta.
Morelia, Michoacán.– Un video captado por las cámaras de vigilancia de Palacio de Gobierno reveló la posible participación de Carlos Alberto Marín Milán, escolta del entonces secretario de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, en un presunto acto de tortura cometido durante la manifestación del 2 de noviembre, realizada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
En las imágenes, registradas en uno de los corredores del complejo gubernamental, se observa a Marín Milán —identificado como elemento de la Ayudantía de la Secretaría de Seguridad Pública—, mientras participa de manera directa en la agresión contra Raúl Meza, a quien se le aplica el llamado “tehuacanazo”, una práctica considerada ilegal y violatoria de derechos humanos que consiste en introducir agua gasificada por la fuerza.
El material videográfico muestra que el escolta no actuó de manera aislada, sino en coordinación con otro policía, con quien ejecuta la acción al interior de las instalaciones oficiales, en un espacio vigilado y durante un contexto de protesta social derivada de un hecho de alto impacto político y social en la entidad.
La difusión del video ha generado señalamientos directos contra personal adscrito a la seguridad del exfuncionario estatal, al evidenciar que los hechos ocurrieron dentro de Palacio de Gobierno, lo que refuerza las acusaciones de abuso de autoridad y uso indebido de la fuerza pública contra manifestantes.
De acuerdo con la identificación hecha a partir de las imágenes, Carlos Alberto Marín Milán fungía como escolta de Juan Carlos Oseguera Cortés al momento de los hechos, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la actuación de mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública durante las movilizaciones del 2 de noviembre.
El caso se suma a una serie de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de operativos de contención de protestas, y coloca nuevamente bajo escrutinio el actuar de cuerpos de seguridad estatales en episodios de manifestación social.
