Al derecho a la ciudad de la ciudadanía y no a intereses particulares o electorales deben responder obras y proyectos urbanos, sostiene el diputado Antonio Carreño.
Morelia, Michoacán.- Las obras y los proyectos urbanos deben responder al derecho a la ciudad de la ciudadanía y no a intereses particulares y electorales, puntualizó el diputado Antonio Carreño Sosa, de Movimiento Ciudadano.
Entrevistado a propósito de los señalamientos por despojo y afectaciones ambientales en el Ramal Camelinas y el segundo anillo periférico de Morelia, el legislador subrayó que las autoridades deben tener claro que importa lo que se hace y cómo se hace.
“El tema del ramal, si bien desahogó en su momento una problemática que había en una parte de la ciudad, no se realizó de la manera correcta. Ahí está el tema de por qué los originarios de los terrenos no han recibido lo que se les comprometió ni se han cumplido los acuerdos, y también, tenemos una problemática que genera no solamente impacto ambiental e impacta a estos ejidatarios, sino a la misma ciudad, porque al final es un tema que ha permitido el desarrollo urbano en esa parte de la ciudad y habrá que ver el tema de la sustentabilidad de sus servicios”.
n cuanto a la obra del segundo anillo periférico que realiza el Gobierno del Estado apuntó:
“Regresamos a la misma, se han reportado despojos a propietarios de la tierra, que es un tema al que no se le ha dado el seguimiento puntual y que tenemos que ver cómo se implementa esta obra. Esa historia ya nos la sabemos”.
Y cuestionó:
“¿Cuántas veces no hemos visto que se generan anillos periféricos o que se generan obras y que se despoja a los campesinos o a los ejidatarios de sus tierras, y que existen actores políticos que resulta que son los dueños de las tierras aledañas o que tienen un fraccionamiento cercano y que le van a dar plusvalía? Eso es un ejemplo de que las obras, cuando se realizan así, no atienden a necesidades de la ciudadanía, sino a intereses particulares”.
Antonio Carreño apuntó que esas cosas deben ser visibilizadas, de manera que los proyectos urbanos respondan al derecho a la ciudad que tienen los ciudadanos, más allá de los intereses particulares o electorales.
Consideró que el Congreso del Estado debe intervenir para definir la posibilidad de auditar obras como estas.
“recordemos que los presidentes de comisiones también tienen facultades para llamar a rendir cuentas a cualquier funcionario en el Estado. Cada comisión tiene que supervisar no solamente los temas legislativos, sino los temas de agenda pública”.
