El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha lanzado una nueva propuesta para recuperar viviendas abandonadas en todo el país, mediante un esquema de regularización dirigido a personas que actualmente las habitan de manera irregular.

Esta iniciativa, presentada por el director general del organismo, Octavio Romero Oropeza, ha generado un intenso debate entre especialistas, representantes de la industria de la construcción y organizaciones civiles.

Con más de 145,000 viviendas registradas como invadidas dentro del inventario del Infonavit, el programa busca convertir esas ocupaciones irregulares en soluciones habitacionales legales, en un país donde el déficit de vivienda supera las 800,000 unidades. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la propuesta, asegurando que la propiedad privada continuará protegida por la Constitución, y que el plan tiene un enfoque social orientado a resolver un problema estructural de vivienda.

“Sería absurdo que esas casas siguieran abandonadas. Es necesario entender por qué no se habitaron y qué se pagó por ellas”, afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa.

Críticas y advertencias del sector construcción
Desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), su presidente nacional, Luis Méndez Jaled, reconoció la intención de recuperar pagos y reactivar el uso de las viviendas, pero advirtió sobre el riesgo de premiar la ocupación ilegal, si no se establecen reglas claras.

“En apariencia, podría parecer injusto. Pero si se hace bien, puede desatorar un problema de años”, comentó Méndez.

Una mirada legal y social
La abogada Carla Escoffie, especialista en derecho a la vivienda, destacó que el programa no implica una legalización del despojo, sino que se enfocaría en casos específicos, diferenciando entre mafias inmobiliarias y familias en situación de vulnerabilidad que han ocupado viviendas como último recurso.

“No se trata de usar la fuerza pública contra quienes no tienen otra opción. Se trata de reconocer el contexto social y ofrecer salidas dignas”, señaló.

Inclusión de los no acreditados: el gran pendiente
Por su parte, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) valoró la propuesta, pero subrayó que debe ir acompañada de políticas públicas integrales, especialmente dirigidas a los 9 millones de mexicanos que no califican para ningún crédito hipotecario.

“Es urgente generar esquemas de apoyo directo del gobierno a quienes no pueden acceder al financiamiento tradicional”, expresó Karim Oviedo, presidente nacional de AMPI.

Una oportunidad para redefinir la política habitacional
La propuesta del Infonavit abre la puerta a un debate profundo sobre la forma en que México enfrenta el abandono habitacional, la ocupación irregular y el acceso desigual a la vivienda. Aunque aún no se han revelado los lineamientos específicos del programa, diversos sectores coinciden en que, con una implementación cuidadosa, podría representar un paso significativo hacia la recuperación de activos, la reducción del déficit habitacional y la justicia social.

Fuente: El Economista