Mirador Ambiental
Vivimos tiempos en que la seguridad de los ciudadanos es frágil. Eso que llaman percepción de inseguridad sigue estando presente y no como reacción subjetiva a lo que viven otros, más bien como reacción a lo que vive y sufre cada ciudadano. Pero la seguridad de quienes han levantado la voz para cuestionar la destrucción de la vida natural, esa es más difícil.
En un estado en donde las organizaciones criminales tienen presencia en todo el territorio y parasitan la mayoría de los ámbitos de la producción y el comercio, incluidas desde luego las actividades relacionadas con el procesamiento y comercialización de las riquezas naturales como minería, maderas, resinas y aguas, la protesta o denuncia de delitos ambientales representan un altísimo riesgo para quienes lo hacen.
Existen factores estructurales que determinan que practicar el derecho humano a un medio ambiente sano sea hoy una actividad de alto riesgo. Esos factores son:
1) La captura por el narco de instituciones importantes del gobierno; 2) La histórica impunidad ambiental que las políticas del Estado mexicano no han podido corregir; 3) La debilidad crónica de las instituciones para garantizar la seguridad de los defensores del medio ambiente y la conservación de la naturaleza; 4) La banalización social de la cuestión ambiental que considera a la naturaleza solo como una mercancía, como cosa, y no como la casa común de todos; y, 5) La apología social del pragmatismo económico que subordina los equilibrios de la naturaleza a la balanza comercial de las empresas y que el Estado expresa en política económica.
La denuncia reciente por la desaparición de José Silva Andrade de la comunidad de Agua Fría, del municipios de Hidalgo, se suma a la lista de otros defensores ambientales que han sido agredidos, asesinados o desaparecidos en lo que va de este año 2026.
Silva Andrade habita en un territorio, que como los de la mayoría de Michoacán, está siendo afectado por la tala ilegal, y también como en el resto de Michoacán, está tomado por la delincuencia organizada que, su vez, protege la tala clandestina porque le representa ganancias. Son, pues, parásitos beneficiarios de los talamontes de Hidalgo; son los mismos que en otros lugares protegen el cambio de uso de suelo, la instalación de huertas aguacateras ilegales y el robo de aguas.
La omisión o contubernio de autoridades locales con grupos criminales, como ha ocurrido en Madero, y que llevó al asesinato de Roberto Chávez el 12 de abril, o al ataque contra activistas la noche del 6 de noviembre del 2025, siguen un patrón claro: concederles a los criminales libertad territorial y operativa para atacar y asesinar bajo un esquema de beneficios compartidos.
Para los criminales el cumplimiento de la consigna de empresarios a quienes cobran para deshacerse de quienes protestan y denuncian, y para los políticos el apoyo para apuntalar sus carreras políticas.
La desaparición de José Silva Andrade, quien precisamente desde su territorio estaba haciendo la denuncia de tala ilegal, en la que está involucrado el crimen, es una alerta roja más para el gobierno de Michoacán y la Fiscalía General que deberá atender para dar con su paradero y llevar ante la ley a los responsables.
El caso de Silva Andrade no deberá ser un acumulado más de impunidad. Preocupa que hasta la fecha ni el autor intelectual ni todos los responsables materiales del asesinato de Roberto Chávez han sido detenidos. Es más, el principal sospechoso se pasea sin pudor alguno por la comunidad en donde cometió el asesinato.
Y qué decir de los responsables de los atentados del 6 de noviembre, quienes gozan de cabal liberad. Incluso, para gloria a la impunidad y al cinismo, ya están operando políticamente la elección del 2027 en Madero.
Para atender de fondo la cuestión de las desapariciones, atentados y asesinatos de ambientalistas en Michoacán y para prevenir que sigan ocurriendo, y considerando las causas estructurales que lo permiten, el gobierno de la república y el de Michoacán, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, deben dejar de posponer la acción y a partir de la información que ya poseen, realizar un operativo enjambre en todos los municipios en los que el crimen es el que manda.
Los narcos y políticos que están hasta el cuello manchados de sangre y de corrupción deben ser llevados a donde corresponden: a la cárcel. Esta es la mejor manera de detener los asesinatos, desapariciones y amenazas contra defensores ambientales.
La desaparición de José Silva Reyes debe ser atendida. Debe verse en su caso, además del dolor de su familia y su comunidad, la tendencia ominosa que está siguiendo el comportamiento de la delincuencia contra el ambientalismo. Es más, debe ponerse especial atención sobre todos los ambientalistas michoacanos, quienes en verdad están corriendo peligros a diario.
*El autor es analista político, experto en temas de Medio Ambiente, e integrante del Consejo Estatal de Ecología.
