Un nuevo episodio de horror se suma a la crisis forense en México: tras cuatro semanas de excavaciones en el panteón de la comunidad de Pedro Amaro, colectivos de familias buscadoras informaron el hallazgo de al menos 60 cuerpos, entre ellos los restos de una decena de bebés, mujeres y menores de edad. La fosa común, utilizada oficialmente por la Fiscalía de Morelos, había sido intervenida en tres ocasiones anteriores, pero la magnitud de lo descubierto en esta cuarta etapa ha reavivado la indignación y el dolor.

La jornada de búsqueda fue interrumpida recientemente por motivos estructurales: peritos detectaron daños en el muro del cementerio provocados por lluvias intensas derivadas del huracán Erick; sin embargo, para quienes llevan años exigiendo verdad, esta suspensión solo retrasa una verdad que el suelo de Jojutla se niega a ocultar.

“Nos enfrentamos a una realidad que ni siquiera imaginábamos”, dijo Romana García, madre buscadora, al describir el impacto emocional de hallar restos infantiles entre los cuerpos exhumados. Amalia Alejandra Hernández, otra familiar, denunció además fallas en la clasificación de los restos y la ausencia de especialistas como antropólogos físicos durante los trabajos, que según explica no garantizan rigor científico en el proceso.

Las exhumaciones actuales se suman a un historial oscuro que comenzó en 2015, cuando se descubrió que en la comunidad vecina de Tetelcingo también se habían enterrado decenas de cuerpos sin identificar, sin orden judicial ni control institucional adecuado, desde entonces, Jojutla se convirtió en otro foco de búsqueda para familias que sospechan que sus seres queridos podrían estar entre los restos.

El activista Javier Sicilia ha señalado que estos casos no son solo omisiones, sino evidencia del papel que el propio Estado ha jugado en la desaparición de personas. “Las fosas de Tetelcingo y Jojutla son la prueba de que el Estado también desaparece”, ha declarado con contundencia.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos no descarta una quinta fase de exhumación ante la magnitud de los hallazgos. Por ahora, las familias exigen presencia institucional real, no solo comunicados, quieren justicia, respuestas, y sobre todo, dignidad para los restos que aún esperan ser identificados bajo tierra.

En Jojutla, cada palada de tierra parece remover no solo huesos, sino también verdades ocultas de un sistema que, en muchos casos, abandonó su deber más básico: proteger la vida y la memoria.

Fuente: El País México