La violencia política volvió a golpear con fuerza este domingo 15 de junio, cuando un comando armado ingresó al Palacio Municipal de San Mateo Piñas y ejecutó a la alcaldesa en funciones, Lilia Gema García Soto. El atentado, perpetrado a plena luz del día, dejó también un segundo fallecido, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.
De acuerdo con información preliminar, los agresores entraron directamente al edificio del Ayuntamiento y abrieron fuego contra la presidenta municipal y un hombre que la acompañaba: ambos murieron a consecuencia de las heridas provocadas por el ataque.
Tras los hechos, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina desplegaron un operativo de seguridad en la región, ubicada en la Costa de Oaxaca, aunque hasta el momento no hay personas detenidas.
El gobernador del estado, Salomón Jara, expresó su indignación a través de redes sociales, exigiendo que no haya impunidad en el caso. “Vamos a colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y hacer justicia. Mis condolencias a sus familiares”, escribió.
Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca informó que ya se integró una carpeta de investigación y que la Vicefiscalía Regional de la Costa encabeza las diligencias periciales para dar con los responsables.
Lo ocurrido ha sacudido a la comunidad local, pues San Mateo Piñas no había registrado ningún homicidio en lo que va del 2025; según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, la violencia en este municipio incluso había descendido un 50% respecto al año anterior.
En contraste, el estado de Oaxaca ya suma más de 300 homicidios dolosos entre enero y abril, de los cuales más del 85% fueron con arma de fuego.
Este asesinato se enmarca en un preocupante contexto nacional de violencia contra autoridades y aspirantes a cargos públicos. Tan solo en los primeros cuatro meses del año, la organización Data Cívica ha registrado 136 homicidios de personas vinculadas a la política en México, dentro de un total de 246 agresiones.
Oaxaca ocupa el cuarto lugar nacional en ataques contra figuras políticas, superado solo por Sinaloa, Guerrero y Veracruz. Desde 2018, se han documentado más de 2,400 atentados de este tipo en el país.
La muerte de Lilia Gema García Soto no solo deja un vacío en la administración municipal, sino que también plantea una alerta urgente sobre la creciente vulnerabilidad de quienes ejercen cargos públicos en México.
Fuente: El Imparcial
