La noche de este miércoles la Cámara de Senadores en pleno aprobó el “Plan B” de la reforma electoral, la cual busca reducir costos públicos en la materia, establecer límites salariales de autoridades y cambios en la integración de ayuntamientos. El dictamen obtuvo 87 votos a favor y 41 en contra lo necesario para tener la mayoría calificada, ya fue turnado a la Cámara de Diputados.

Durante la votación en particular la mayoría acepto una reserva de la senadora Lizeth Sánchez Garcia del Partido del Trabajo, que elimina los cambios del artículo 35 relacionados con la revocación de mandato, por lo que se mantiene la figura sin modificaciones constitucionales. Además la legisladora argumento que la revocación y las elecciones “son mecanismos con propósitos distintos” y dio la advertencia de mezclar ambos procesos en “correr el riesgo de distorsionar su sentido democrático”.

La cámara alta también rechazo otras propuestas de modificación planteadas por legisladores oficialistas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aliados oficialistas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), asimismo de opositores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), por lo que aprobaron modificaciones a los términos originales al dictamen en los artículos 115, 116 y 134.

Entre los cambios avalados se señala que los ayuntamientos podrán integrarse con una sindicatura hasta de 15 regidurías, mientras congresos locales deberán mantener un presupuesto que no exceda 0.7% el gasto que exceda su entidad. Además figuran que ningún consejero o magistrado electoral podrá recibir una remuneración mayor que la persona titular del Ejecutivo Federal.

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Se contempla en el proyecto que el Senado tendrá que reducir de forma progresiva su presupuesto para lograr una disminución acumulada del 15% en los próximos cuatro ejercicios fiscales.

Esta aprobación ocurre tras ser rechazada por la Cámara de Diputados la primera propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que este, el proyecto avalado tiene como fin la reducción de privilegios y ajustar el gasto público en cargos públicos.

En días recientes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que el nuevo paquete legal mantiene la política de austeridad como eje rector y contempla límites salariales, los mecanismos tecnológicos de fiscalización y disminución de regidurías en los ayuntamientos.

Cabe mencionar que la mandataria Sheinbaum ha insistido en la necesidad de no gastar excesivamente en procesos electorales y en partidos políticos.

Fuente: El Financiero