Agricultores anuncian paro para exigir un precio fijo al maíz y detener la Ley de Agua, buscando cambios en la política agrícola.
Ciudad de México.-El Frente Nacional de Rescate del Campo anunció un paro para el 24 de noviembre, con el objetivo de exigir un precio fijo para el maíz y detener la nueva Ley de Agua.
Durante una conferencia de prensa frente a Palacio Nacional, los agricultores explicaron que, aunque bloquearán carreteras, permitirán el paso de vehículos privados y de pasajeros.
“La forma de lucha va a volver a hacer las carreteras. Vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros”, declaró Baltasar Valdez, líder del Frente.
Además, los agricultores planean detener el transporte de carga desde su origen y tomar las aduanas como medida de presión para lograr un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Las reuniones que hemos podido lograr, las pocas reuniones que hemos podido lograr con la SADER, con la persona del Doctor Julio Berdegué, pues realmente este hemos recibido puro puras promesas incumplidas”, acusaron.
Valdez destacó que llevan dos años sin lograr rentabilidad en la agricultura, por lo que demandan reglas claras del gobierno para asegurar la viabilidad de la cadena de suministro.
“Es importante resaltar que el campo es la base de la alimentación del pueblo en México. Y la lucha que estamos nosotros haciendo en este momento es por todos, por todos los habitantes de este país que sumamos 130 millones de habitantes aproximadamente”, añadió Valdez, instando a la sociedad civil a unirse al movimiento.
La mesa de diálogo propuesta al gobierno de Sheinbaum tiene cinco objetivos:
- Reconocimiento del gobierno federal a la agricultura como interés nacional
- Retiro de granos mexicanos de la Bolsa de Chicago en la próxima negociación del Tratado Libre de Comercio
- Banca que fomente el desarrollo agrícola
- Precios de garantía
- Revisión de la Ley de Aguas Nacionales
Valdez explicó que la reforma de la Ley de Aguas impulsada por la presidenta es perjudicial para los usuarios, especialmente para quienes dependen del agua para riego, ya que distorsiona las concesiones de uso agrícola, industrial y humano. Por ello, exigen que se detenga.
