Estados Unidos acusa a bancos mexicanos de lavado de dinero, generando un gran impacto en el sistema financiero del país, señaló el periodista Joaquín López-Dóriga.
Ciudad de México.-El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como instituciones de “preocupación primaria en materia de lavado de dinero”.
Esta acción inédita por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se enmarca en la ejecución de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que buscan frenar el flujo de dinero asociado al narcotráfico.
El comunicado oficial indica que estas entidades habrían facilitado transacciones relacionadas con los cárteles del Golfo, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo pagos a compañías chinas que suministran precursores químicos para opioides sintéticos. En el caso de CIBanco, se documentó que un empleado colaboró en la creación de una cuenta para lavar 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo.
Las medidas de FinCEN abarcan restricciones totales en transferencias desde o hacia estas instituciones, incluyendo cuentas tradicionales y criptomonedas. En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención temporal de CIBanco e Intercam Banco para proteger la estabilidad financiera. Vector Casa de Bolsa, también señalada, negó las acusaciones y afirmó operar bajo estrictos estándares regulatorios.
El caso ha generado numerosos comentarios, entre ellos los de Joaquín López-Dóriga, quien lo describió como el golpe más severo en la historia reciente contra el sistema bancario nacional. “Este es el más duro golpe contra las instituciones financieras de México que gobierno alguno, en este caso, el de Estados Unidos, haya aplicado contra instituciones bancarias y financieras mexicanas”, declaró el periodista.
Añadió que “de esto no hay registro, es una bomba porque de aquí se pueden extender a todas las empresas con las que CIBanco, Intercam y Vector tuvieron relaciones con cárteles del crimen organizado mexicanos ya declarados como organizaciones terroristas internacionales por Donald Trump para lavar dinero y para introducir a Estados Unidos fentanilo”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha solicitado al gobierno estadounidense presentar pruebas sólidas que respalden las acusaciones. Según explicó, el informe confidencial recibido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda no contiene evidencia clara que justifique las acusaciones.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas sostienen que las transacciones documentadas se llevaron a cabo entre empresas legalmente constituidas. Sin embargo, han iniciado revisiones administrativas sin que se haya confirmado la comisión de delitos.
